Los representantes de USO no aceptamos el Proyecto de Ley de Mutuas
aprobado por el Gobierno, puesto que plantea medidas manifiestamente antisociales
y que ponen en peligro nuestra salud.
En
los últimos años, las Mutuas han adquirido cada vez más competencias relativas
a la salud de los trabajadores y trabajadoras, sin que esto haya tenido efectos
positivos en la mejora de la atención que prestan. Sin embargo, todo puede
empeorar y ahora se pretende dar a estas entidades aún mayor poder. Por ello
manifestamos nuestra oposición al Proyecto de Ley por los motivos siguientes:
Ø Las altas quedan en manos del tándem
Mutuas-INSS. Ante la Propuesta de alta por parte de la
Mutua, Inspección Sanitaria tiene 5 días para emitir parte de confirmación de
baja. Si Inspección no da respuesta, la Mutua puede acudir al INSS que
responderá en 4 días.
Ø Les entrega el poder total sobre la
gestión de la IT por Enfermedad Común. Tendrán la potestad de
declarar, denegar, suspender y anular el derecho a la prestación económica.
Además, los pagos realizados por las Mutuas tendrán carácter provisional
durante dos meses.
Ø Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, abriendo la
puerta a que les sea encomendada cualquier
tipo de colaboración según se prevé el Proyecto de Ley.
Ø Los
Convenios entre las Mutuas y los Servicios Públicos de Salud para adelantar asistencias, tratamientos o
pruebas a trabajadores de baja, pasarán a ser retribuidos a las Mutuas. Hasta
ahora estos convenios se consideraban como inversión para acortar las bajas y
reducir el pago de prestaciones, siendo por ello un ahorro para las Mutuas, que
no se retribuía de otra forma. Pagar por ellos busca debilitar el sistema público de salud y es una forma
de privatización encubierta.
Ø Afecta a aspectos importantes en
materia de prevención de riesgos. Las Mutuas deberán
deshacerse de sus Sociedades de Prevención, creadas con patrimonio de la
Seguridad Social, antes del 15 de Marzo de 2015. Las que no encuentren comprador serán liquidadas. Esto supone un cambio
radical en el mercado de los servicios de prevención con consecuencias en
millones de personas trabajadoras. Además algunas están llevando a cabo estas
operaciones de venta de forma dudosa.
Ø Con el dinero de las cotizaciones, las
Mutuas podrán crear la Reserva Complementaria. Con
ella podrán pagar el exceso de gastos de administración, sanciones
administrativas y gastos procesales. Esto cambiará la situación actual, en la
que los gastos indebidos se pagan con el patrimonio histórico, que es
titularidad de las empresas asociadas, incluso en caso necesario, se puede
exigir una derrama entre las empresas asociadas.
Creemos que lo que el Proyecto de Ley
de Mutuas busca es favorecer los intereses de Gobierno y Empresarios:
Ø
Al disminuir los costes en prestaciones
de incapacidad temporal por acortamiento de las bajas (aún poniendo en riesgo nuestra salud),
los empresarios tienen los argumentos para solicitar la tan ansiada reducción
de las cotizaciones sociales. Además consiguen reducir el absentismo, aunque
sea a costa de nuestra salud.
Ø El Gobierno consigue un ahorro en el
gasto de la Seguridad Social que puede destinar a
otros fines.
Ø
Las Mutuas asumen
cada vez más facultades de gestión y control. Aunque la supuesta eficiencia de
las mutuas es a costa de cargar buena parte de
sus costes al Sistema Nacional de Salud.
Ø El Proyecto de Ley de Mutuas no incorpora ninguna
medida en relación a la Salud Laboral de las que si son verdaderamente
importantes, tales como la
actualización de los listados de enfermedades profesionales, o las mejoras en
su detección y declaración.
Ø Tampoco busca
combatir la inadecuada calificación de las contingencias profesionales como comunes, habitual a causa de que
las Mutuas se niegan a reconocer el origen laboral de las lesiones, o la sistemática
calificación de la gravedad de los accidentes a la baja. A pesar de esto no
establece ningún control para sus actuaciones sanitarias.
